Ley de Alquileres: cuáles son las posiciones que se discutirán en el Congreso

Por Nicolás Palermo

23 de agosto de 2023 - 09.36 / Actualizado: 22 de febrero de 2024 - 19.56

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La Cámara de Diputados sesionará hoy para tratar la reforma o derogación de la Ley de Alquileres a pedido del interbloque de Juntos por el Cambio.

Las posiciones.

A la sesión llegan dos dictámenes tratados en comisión. El de mayoría, firmado por el oficialismo, y el de minoría, encabezado por la oposición.

El oficialismo.

La postura del Frente de Todos no propone modificaciones a la ley vigente respecto de la duración de los contratos o de los periodos de actualización, sino que plantea agregar beneficios fiscales para los propietarios para incentivar la oferta de inmuebles.

La oposición.

Por otro lado, la oposición procura bajar la duración de los contratos a dos años, fijar ajustes semestrales basados en índices acordados entre las partes y agregar incentivos tributarios para aumentar la oferta. Para poder tratarlo, primero se debe vetar el dictamen de mayoría.

Además.

Una tercera posición liderada por algunos integrantes de la oposición adhiere a una derogación total de la ley, que implicaría regresar a los artículos del Código Civil y Comercial derogados por la actual ley de alquileres. Sin embargo, ese escenario requiere una mayoría especial de dos tercios del recinto.

También importa.

Contrario al planteo del dictamen del Frente de Todos, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, aseguró ayer en Crónica TV que la ley "fue muy mala" y planteó: "El mejor camino es que se establezca el marco contractual del código civil, pero que después cada legislatura provincial legisle sobre la realidad".

Profundizá

Declaraciones.

"El dictamen del oficialismo es peor que la ley actual. Tenemos que llegar a la sesión con 129 votos para poder ganarle. Si no lo hacemos ni siquiera vamos a la sesión. No hay posibilidad de llegar a un consenso con el oficialismo porque Massa mintió. Dijo que quería derogar la ley cuando asumió en el Ministerio de Economía, pero cuando dos veces pedimos un tratamiento de derogación sobre tablas en el Congreso votaron en contra", aseguró a CORTA el diputado radical Martín Tetaz.

"Nosotros queremos ir por la derogación, pero tenemos que ver si nos acompañan los interbloques Federal y Provincias Unidas y nos dan los votos", señaló a CORTA el presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

"La pelota está del lado de Juntos por el Cambio. Creían que ganaba la elección y que en ese escenario iban a poder avanzar el 23, ahora están en un problema", comentaron a CORTA desde el entorno de Germán Martínez, jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos.

"El planteo es la nulidad. La ley de alquileres no sirve. El Estado no debe regular eso", afirmaron a CORTA allegados al diputado nacional y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

"Las organizaciones tenemos hoy dos objetivos, mantener la ley, que es lo único que se logró en décadas para ampliar derechos de los inquilinos, y lograr su cumplimiento, que hoy no sucede. Si la ley se modifica no va a ser para ampliar derechos, sino para quitárnoslos en función del pedido que hace el mercado inmobiliario", manifestó a CORTA el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz.

"La ley tiene algunos aspectos que hay que modificar como los plazos de actualización, pero también tiene muchas cosas positivas. Si se deroga totalmente vamos a volver a un sistema donde había incrementos por encima de la inflación. La ley como está hoy no funciona, pero eliminarla puede ser contraproducente", remarcó a CORTA el impulsor de la Ley, Daniel Lipovetzky.

Qué dice la ley actual.

La legislación fue aprobada en 2019 durante el mandato del expresidente Mauricio Macri y entró en vigencia en 2020, durante el Gobierno de Alberto Fernández. Entre sus puntos principales establece:

Contratos con un plazo mínimos de 3 años.

Ajustes anuales y actualizados según un índice calculado en función de la inflación y un índice salarial (el RIPTE).

Ampliar los instrumentos que se pueden utilizar como garantía.

Reducir a un mes el depósito de garantía que debe pagar el inquilino en lugar de dos.

Permitir una rescisión anticipada por parte del inquilino sin pagar la multa si avisa con anticipación.