23 de julio de 2024 - 13.50 / Actualizado: 15.03
El expediente se inició con el testimonio de dos mujeres que estuvieron detenidas en el penal de Ezeiza tras la represión policial del 12 de junio, durante la manifestación frente al Congreso, mientras se discutía la Ley Bases. Las recibió Leopoldo Moreau, el presidente de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. Según declararon, en la cárcel fueron sometidas a un interrogatorio en el que no solo les preguntaron por lo que hicieron ese miércoles, durante la marcha, sino también sobre su pertenencia partidaria y sus simpatías políticas, algo expresamente prohibido por la ley de inteligencia. A este expediente se agregó una denuncia remitida por el juez Ernesto Kreplak, subrogante del juzgado federal de Lomas de Zamora, con otro testimonio, advirtiendo los mismos apremios ilegales. En los últimos días, además, la comisión incorporó un cuarto testimonio, en este caso de un hombre. Todavía esperan que los tribunales de Morón envíen las denuncias por otros casos, idénticos, registrados en el penal de Marcos Paz. La obsesión de la Casa Rosada por controlar la bicameral responde estrictamente a esto. La orden es constituirla, armar una mayoría fidelizada con el PRO, un sector de la UCR y peronistas disidentes del Senado para correr a Moreau y evitar que esas investigaciones avancen. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. La obsesión, en realidad, es salvarle el pellejo a la ministra Patricia Bullrich.
Los casos de presunta inteligencia ilegal que Unión por la Patria (UxP) quiere investigar desde la bicameral no terminan en lo que ocurrió en los penales federales a cargo de Bullrich. Desde la comisión se libró un oficio al juzgado federal de María Servini para que remita al Congreso dos denuncias, radicadas formalmente allí, por espionaje durante la gestión de Silvestre Sívori en la ex AFI. Una de las denuncias la presentó un abogado y la otra, un dirigente político -presuntamente, del PRO-. Ambos casos se extienden al funcionario al que respondía Sívori, el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse, eyectado de su cargo en medio de versiones de escuchas ilegales a miembros del gobierno libertario. Más allá de lo mal que terminó la relación entre Posse y el presidente Javier Milei y, también, de la durísima interna que mantuvo con Santiago Caputo mientras convivieron en Casa Rosada, nadie quiere que la oposición husmee en esas denuncias. Y, mucho menos, el kirchnerismo. Por eso, a la obsesión por salvar a Bullrich se extiende también a Posse, ya caído en desgracia y barrido impiadosamente del círculo de confianza presidencial.
En el Congreso señalan a Caputo como quien ordenó hacerse, sea como sea, con el control de la bicameral de inteligencia. En el oficialismo, si bien no confirman que el "enfant terrible" sea el autor material de esa orden, saben que solo hay tres personas con poder para hacerlo: Caputo, el Presidente y su hermana, Karina Milei. El hombre más poderoso del Gobierno después de Milei ya maneja la SIDE, a través de un hombre suyo, Sergio Neiffert. Además de eso, consiguió que para él si haya plata: este martes se publicó el decreto 656/24, mediante el cual le asignaron 100.000 millones de pesos a la ex AFI. "Si ves el decreto, te darás cuenta que los temas de inteligencia son una prioridad", blanqueó una fuente libertaria. Por eso, el siguiente objetivo es la comisión bicameral, que tiene amplios poderes e independencia, tanto para investigar denuncias como para controlar los siempre jabonosos gastos reservados. En el peronismo sospechan que, de esa caja, salen los recursos para financiar las granjas de trolls libertarios, el aparato masificador de la violencia, las persecuciones y las intimidaciones que tiene La Libertad Avanza (LLA) para intentar controlar la agenda pública, domar disidencias y silenciar descarriados.
A esta obsesión de Caputo responde la guerra desatada con una pata clave del universo dialoguista como es Hacemos Coalición Federal (HCF), el bloque de diputados que conduce Miguel Pichetto, desde donde alientan una embestida para correr de la presidencia de la Cámara de Diputados a Martín Menem. Si bien se iniciaron conversaciones para intentar recomponer algunos puentes, el veto a Emilio Monzó para integrar la bicameral de inteligencia no se levantará. Básicamente, porque no confían en que Monzó juegue en tándem con el acuerdo de LLA, el PRO y la UCR. Según explicaron a Corta, cuando se acordaron los lugares en esa comisión, Pichetto presentó una carta refrendada por dos bloques -HCF e Innovación Federal-, que sumaban 31 bancas. Hoy, esas bancadas ya no son dos, sino tres -la CC-ARI se fue de HCF- y las votaciones de ese espectro fueron cualquier cosa menos uniformes. "Si no podés garantizar el voto y el comportamiento de los 31", explicó una fuente de LLA, "no podés reclamar lugares como si tuvieras 31".
¿Por qué tanta obsesión por una bicameral que, en general, no registra efectos concretos? En la oposición tienen una hipótesis. Si bien no ha conseguido hasta acá resultados visibles, las investigaciones que se hicieron desde este cuerpo parlamentario si obtuvieron efectos secundarios. Según esta hipótesis, los testimonios y pruebas obtenidas -y aportadas a la justicia federal- por los casos de espionaje durante el macrismo, en los que se apuntó tanto a Mauricio Macri como a los jefes de la ex AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, no lograron condenas, pero sí cambiaron la lógica del sistema ilegal que, sostienen, operó entre 2016 y 2019. "Después de eso no hubo más denuncias de espionaje ni se generaron nuevas causas", afirman. Si hay control democrático, entienden, los servicios no se transforman en un monumento a la transparencia y el respeto a las garantías democráticas, pero actúan distinto. Siguiendo esta línea, la preocupación de Bullrich, más que terminar condenada por los aprietes en los penales, es que los comandos medios que -según las denuncias registradas- apretaron a los detenidos empiecen a ser citados a declarar al Congreso, se sientan desprotegidos y se corte la cadena de impunidad.
El oficialismo intentó usar la confusión generalizada del 9 de julio, entre el Pacto de Mayo y el partido que la Selección Argentina tenía con jugar contra Canadá por la Copa América, para forzar una reunión constitutiva de la comisión bicameral. Convocaron para el miércoles 10, a las 13, pero fracasaron en el intento: no llegaron a sentar ocho de los catorce para tener mayoría. Hicieron otro intento más la semana pasada y pasó lo mismo: ni los aliados más confiables querían quedar pegados a esa jugada. En la LLA necesitan remover a Moreau, porque el presidente de la comisión tiene amplias facultades y mantiene su cargo vigente, hasta tanto se elijan nuevas autoridades. Esa es la urgencia. Y tienen un problema: según fuentes parlamentarias, le prometieron esa silla a tres sectores distintos. En la UCR dicen que el acuerdo era que la presidencia de la bicameral sea para ellos; en el PRO sostienen que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se lo ofreció al senador misionero Enrique Goerling Lara. Pero el elegido para el lugar de Moreau es el entrerriano Edgardo Kueider, quien consiguió una banca en el Senado en las listas del Frente de Todos, pero canjeó su voto favorable en la ley Bases por un lugar en la represa de Salto Grande y la presidencia de la bicameral de inteligencia. Lo que se dice un buen negocio.
