15 Agosto de 2024 09.34
El Dip Beltrán Benedit hablo con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz Se les facilite el ingreso sin inconvenientes.
Ya está hablado.
Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán.
El mensaje lo envió el 11 de marzo pasado el cura Javier Olivera Ravasi al grupo de Whatsapp que lo tiene como administrador y que integran abogados que militan por la libertad de genocidas, como el ex camarista Eduardo Riggi, su discípula Laura Olea o Ricardo Saint Jean -hijo de Ibérico, militar torturador que se jactaba de haber hecho desaparecer "cinco mil subversivos"-, y varios diputados y diputadas de La Libertad Avanza (LLA). El sacerdote es hijo de Javier Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. El "milit" del nombre del grupo es una reducción de "militares". Este equipo trabaja por la libertad o, en el peor de los casos, la prisión domiciliaria para un grupo de hombres condenados por secuestrar, torturar, violar, asesinar y hacer desaparecer personas y por haber participado en la apropiación de bebés.
Según este chat, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) tiene un rol crucial en la organización de encuentros furtivos con genocidas presos, como el que se dio el 11 de julio y que hizo detonar el bloque del Gobierno. El SPF depende de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Si a esto se suman los datos falsos que remitió el organismo a cargo de los penales federales a los jueces que le solicitaron información y la ausencia completa de controles en el ingreso al penal que señalaron las diputadas Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, resulta llamativo cómo hasta acá la ex presidente del PRO viene eludiendo las salpicaduras de este escándalo con la misma destreza que Neo al descubrir sus facultades para dominar la Matrix.
El fragmento de conversación que encabeza esta nota surge de la denuncia que presentó Arrieta, una de las que fueron a visitar a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda o Carlos Guillermo Suárez Mason, entre otros. Es la de rizos rubios que posa sonriente, justo al centro de la foto grupal que se difundió hace algunos días. Increíblemente, la diputada del patito, como la llama su compañera de banca Lilia Lemoine para no pronunciar su nombre, es hasta aquí la que más presentaciones hizo para que se investigue esa visita: una denuncia penal y un proyecto para crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Es decir, que se investigue lo que ella misma hizo. Paradojas del universo libertario. En su denuncia, además, habla de amenazas, abuso de autoridad y conspiración, además de aportar datos sobre las reuniones que organiza el cura Olivera Ravasi en una oficina céntrica. Y pone en la mira a dos Menem: uno, Eduardo "Lule" Menem, quien figura mencionado en un chat privado de Arrieta con un funcionario de la Subsecretaría de Gestión Institucional, que le indica: "(Lule) me dice q por favor no se hable más del tema q ocurrió. Que se pidió se deje q se diluya con los días". Nada incriminatorio, solo instrucciones de estrategia política y comunicacional. Además, según figura en la denuncia, Sharif Menem sería quien "habría autorizado la movilidad o tenía conocimiento del viaje". Sharif es la sombra del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Lo que intenta mostrar Arrieta en su denuncia es que si Sharif lo sabía, Martín también.
Que Bullrich es una más de las personas interesadas en avanzar por la libertad de condenados por delitos de lesa humanidad o, al menos, facilitarles la prisión domiciliaria, no es algo que se haya mencionado por primera vez en ese chat. El 30 de junio del año pasado, Carlos Manfroni publicó en La Nación un artículo, titulado "El silencio de los buenos". En un fragmento dice: "Algunos equipos de abogados cercanos a Patricia Bullrich preparan soluciones apoyadas en la aplicación lisa y llana de las convenciones internacionales de derechos humanos, en cuanto se refieren al plazo razonable de un juicio, y las que establecen el tratamiento a dispensar a los adultos mayores". Exactamente las dos propuestas que rosquea el grupo que coordina Olivera Ravasi: el "plazo razonable" para obtener condena firme de la Corte Suprema y el acceso a prisión domiciliaria. Esta información es valiosa, porque Manfroni es alguien de extrema confianza de la ex presidenta del PRO, además de ser su jefe de asesores en el Ministerio de Seguridad. Cuando se publicó esto, Bullrich era precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio y su salto a LLA no era ni una fantasía. Por entonces, Javier Milei la definía como su "segunda marca" y la acusaba de haber puesto bombas en jardines de infantes. Es decir: el grupo que motoriza estas ideas, y que ahora consiguió eco y coincidencias ideológicas en diputados oficialistas, tiene ramificaciones, llegada e influencias también en otros partidos políticos, como el PRO.
En otro de los chats que incorporó Arrieta en la denuncia que radicó en el juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, comparte un borrador de comunicado de prensa que propuso el 13 de julio en ese mismo grupo el diputado Guillermo Montenegro, uno de Los seis de Astiz, quien era mano derecha y compañero de militancia de Victoria Villarruel hasta que, por cuestiones personales, se distanciaron. "Queremos reconocer el arduo trabajo y el compromiso de las autoridades penitenciarias y del personal del servicio penitenciario, quienes, en muchas ocasiones, hacen todo lo posible para garantizar el bienestar de los internos en condiciones adversas", decía en una parte el extenso escrito que nunca se publicó. Otra vez la mención, ahora en formato de agradecimiento, al SPF. En otro fragmento de chat, uno de los abogados participantes escribe: "Los abogados entramos con la credencial. Yo fui hace dos semanas a Campo de Mayo y no tuve problema alguno". En Campo de Mayo funciona otra Unidad Penal Federal, que también visitaron, en más de una oportunidad, diputados libertarios para verse con represores.
Este jueves a las 12.30 está convocada la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que presidente Silvia Lospennato (PRO). A esa comisión fue girado el proyecto de Arrieta, para crear una comisión investigadora en Diputados que avance sobre la visita de diputados y diputadas de LLA a represores. El inicio de la sesión de este miércoles, se puso a votación una propuesta del diputado Nicolás del Caño para que, antes de meterse en el temario del día, se traten los proyectos de repudio y propuestas de comisiones investigadoras por el escándalo de Ezeiza. La votación la ganó el oficialismo por un voto, gracias al apoyo del PRO y de casi toda la UCR, la mitad del bloque de Miguel Pichetto y la abstención de la CC-ARI. Lo paradójico estuvo en que la diputada del patito, que está pidiendo a gritos que se investigue su propia visita al penal, votó en contra de la propuesta; mientras que Bonacci, increíblemente, votó junto al kirchnerismo y la izquierda y en contra de todo su bloque, siendo partícipe ella también de Los seis de Astiz.
La oposición fracasó en el intento de incorporar en la sesión de este miércoles la discusión del DNU con el que el Ejecutivo destinó 100.000 millones de pesos para fondos reservados de la SIDE. Al no formar parte del temario, se requerían tres cuartos de los votos para meterlo, una mayoría inalcanzable. Pero al oficialismo se le encendió una alarma: la votación tuvo 135 votos a favor. Una muestra gratis de que, cuando llegue el momento de tratar ese decreto en el recinto, los votos van a estar. Lo que, como viene adelantando Corta, lo pone a tiro de ser el primer DNU de la historia en ser derogado por el voto de las dos cámaras.