6 Julio de 2026 09.00
El Gobierno oficializó 62 despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en todo el país, pero desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alertan que podrían llegar a 170. Mientras tanto, se encienden las alertas por el recorte en energía nuclear a nivel nacional.
La CNEA es un organismo estatal descentralizada y autárquica que depende de la Secretaría de Energía. La insticuión investiga y diseña reactores nucleares, y también produce radioisótopos que se usan para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer.
En los últimos tres años, el Gobierno redujo el presupuesto del organismo un 45,4%, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciitci).
Según pudo saber CORTA, los trabajadores fueron notificados de su desvinculación a través de un mail que decía que el contrato de trabajo finalizaba el pasado 30 de junio y que no iba a ser "renovado ni prorrogado". Ese correo electrónico les llegó el mismo día, es decir, se enteraron un día antes que el 1 de julio ya no podrían entrar a trabajar.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, hizo un llamamiento a a una medida de fuerza hasta obtener respuestas, y el pasado jueves, Gendarmería reprimió en la sede central de la CNEA ubicada en el barrio porteño de Núñez. Su titular, Martín Porro, se negó a dar declaraciones en el lugar.
Más tarde, en su cuenta de X, Porro negó que los despidos fueran de personal científico y estratégico, y argumentó que son parte de "una serie de cambios" que está implementando el oficialismo, cuyo objetivo es "el crecimiento y la modernización de una estructura organizativa que necesita mayor dinamismo en todos sus proyectos".
No obstante, según pudo saber este medio, hubo profesionales desvinculados de todas las áreas: administrativos, desarrolladores de software, analistas de seguridad radiológica, ingenieros químicos, intérpretes de inglés, y demás personal especializado con más de 10 años de antigüedad.
El Ejecutivo se rehusó a usar la palabra "despidos" y señaló a CORTA que se trata de "vencimientos de contratos" que no fueron renovados. Por el momento estimaron que "no hay nuevos vencimientos próximos".
Desde la Oficina de Respuesta Oficial expresaron: "El Gobierno del Presidente Milei aplica mano dura contra sectores que intentan sembrar el caos y la violencia política en organismos estratégicos y contra cualquier intento de imponer por la fuerza lo que no corresponde por ley. No se permitirá que ningún organismo sea usado como aguantadero de militantes ni que se ponga en riesgo la seguridad de instalaciones críticas para la soberanía energética y tecnológica del país".
Una trabajadora despedida que prefiere mantener el anonimato le contó a CORTA que las renovaciones de contratos siempre habían sido anuales, pero en enero de este año comenzaron a ser trimestrales. En su caso, había tenido sucesivas prórrogas desde septiembre de 2023.
En esta línea, apuntó que según la ley de contrato de trabajo, las reiteradas renovaciones de contratos a plazo fijo convierten la relación laboral en relación de dependencia. "Además cumplíamos funciones al igual que nuestros compañeros de planta permanente: 40 horas semanales todas las semanas desde hace 3 años", agregó la profesional.
"El martes llegamos a trabajar y ya estábamos todos desempeñando funciones cuando, alrededor de las 11, empezó a circular el rumor de que estaban avisando por el sistema de Gestión Documental de la Administración Pública Nacional que no se renovaba ni se prorrogaban nuestros contratos, y que la relación laboral se consideraba extinta desde ese entonces", detalló.
El viernes por la tarde hubo una reunión entre las partes donde se reclamó la reincorporación de todos los despedidos, pero Porro se negó y respondió que quieren "revisar los perfiles uno por uno".
Atucha y Dioxitek son dos empresas superavitarias controladas por la CNEA. La primera tuvo número positivos por $90.304 millones en 2025, y la segunda generó $19.204 millones, según informó el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher.
En octubre del año pasado, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, expresó en una entrevista con Fox News el interés de su país en el uranio nacional: "Argentina es rica en uranio. Están comprometidos con la entrada de empresas privadas estadounidenses". Dicho mineral aparece de forma tácita en el acuerdo comercial que firmaron ambos países en febrero pasado denominado "Alianza para la seguridad de los minerales críticos".
En su primera rueda de presa, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, mencionó la reactivación de la minería de uranio en el país y remarcó que es "una prioridad absoluta para impulsar la cadena de suministro de la industria nuclear argentina e insertar al país en la cadena de suministro global mediante la exportación de este metal".
Adriana Serquis, expresidenta de la CNEA y actual diputada nacional, alertó que cuando la CNEA se achica, esto repercute en toda la cadena de producción, siendo el empleo privado el último eslabón. En este sentido, señaló que otros países productores de energía nuclar, como Estados Unidos, podrían beneficiarse directamente de una menor presencia argentina en el mercado internacional.