1 Julio de 2026 09.27
El presidente, Javier Milei, le tomó juramento ayer por la tarde a Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros. Llega al cargo con el desafío de coordinar la gestión diaria del Ejecutivo, articular con las provincias y destrabar proyectos clave en el Congreso para el segundo semestre que recién comienza.
El Gobierno quiere retomar la agenda de las reformas hoy frenadas o ralentizadas en el Congreso. Los gobernadores, pieza clave para motorizar los proyectos en ambas cámaras, resignifican charlas recientes con el propio Santilli en su etapa de ministro del Interior.
En las últimas semanas, mientras aún ocupaba la cartera de Interior, Santilli mantuvo un intenso round de reuniones con gobernadores de distintas regiones del país. Entre ellos, sostuvo encuentros con los mandatarios del Norte Grande -en el marco del Consejo Federal de Inversiones-, con Marcelo Orrego de San Juan, Martín Llaryora de Córdoba, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Maximiliano Pullaro de Santa Fe y otros jefes provinciales como Gustavo Sáenz, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa.
Esas conversaciones, que hasta ayer podían interpretarse como parte de la gestión rutinaria de Interior y de las que los líderes provinciales eran escépticos, adquieren ahora un significado distinto: con Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, los gobernadores ven en esas charlas el inicio de un canal más directo y operativo con el poder central. Se charlaron obras fundamentales en los distritos representados, fondos coparticipables y ayudas financieras pendientes, y temas vinculados a la reforma electoral y política en la que pretende avanzar la Casa Rosada.
La designación no fue casual. Desde la Casa Rosada destacan que Santilli aporta experiencia en gestión territorial y una mayor predisposición al diálogo con mandatarios provinciales e intendentes, algo que el Gobierno considera imprescindible para avanzar con la agenda legislativa pendiente.
Los propios gobernadores y el Congreso recibieron con expectativas la noticia, aunque con cautela: reconocen que el nuevo Jefe de Gabinete conoce de primera mano los reclamos del interior, pero advierten que muchas decisiones dependen de la voluntad política del presidente y de la correlación de fuerzas en el palacio legislativo.
Una de las prioridades que el Ejecutivo busca impulsar con fuerza en estos meses que le quedan al 2026 es la reforma electoral y política. El proyecto, enviado al Senado en abril pasado, propone una modificación profunda del sistema vigente.
Entre sus puntos centrales se encuentran la eliminación definitiva, o al menos la suspensión de nuevo, de las eleccione Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) -que volverían a ser internas y partidarias sin costo para el Estado-; un cambio en el régimen de financiamiento de los partidos, que reduce los aportes públicos y los espacios gratuitos en medios y eleva los topes de aportes privados y apuesta por mayor transparencia; y la incorporación de la Ficha Limpia, que impide que personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatos. Además, el texto endurece los requisitos para inscribir y mantener la personería de los partidos políticos con el objetivo de reducir los llamados "sellos de goma" e introduce la afiliación digital como herramienta para facilitar la participación ciudadana.
Hasta el momento no hay acuerdo y ni siquiera pudieron avanzar en las discusiones en comisiones. Los opositores más duros rechazan la idea general, mientras que los aliados ponen matices arriba de la mesa para acompañar.
En paralelo, el Gobierno quiere que salgan lo antes posible del Congreso dos iniciativas que considera estratégicas para atraer inversiones y dar señales de seguridad jurídica: el Super RIGI, una versión ampliada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con beneficios fiscales y regulatorios aún más generosos para proyectos de alta escala en sectores nuevos o estratégicos, y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que busca limitar las expropiaciones y reforzar las garantías sobre la propiedad frente a regulaciones estatales.
La llegada de Santilli renueva el aire en la relación entre la Casa Rosada, los legisladores nacionales y los gobernadores. Después de meses marcados por tensiones, renuncias y dificultades para construir mayorías en las reformas, su designación abre la posibilidad de retomar un diálogo más fluido y adulto con el Gobierno nacional, algo que hasta ahora resultó esquivo. En las provincias ya se habla de una "etapa distinta", aunque todos coinciden en que los resultados dependerán de la capacidad real de Santilli para traducir esas conversaciones en acuerdos concretos en el Congreso.