31 de mayo de 2024 - 18.50
El Ministerio de Seguridad publicó el martes una resolución que instruye a las fuerzas federales a realizar tareas de ciberpatrullaje en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas y permitió el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para facilitar esa misión. ¿Un avance en materia de prevención de delitos graves, una potencial invasión a la privacidad ciudadana o un poco de ambas? En diálogo con CORTA, especialistas y exfuncionarios de Seguridad argumentaron estos puntos.
La resolución 428/2024 firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich autoriza las tareas de prevención en "medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implica una transgresión al derecho a la intimidad de las personas". Su objetivo es evitar delitos que van desde el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas hasta la venta de medicamentos sin receta y de objetos robados.
Las tareas de ciberpatrullaje en el país se remontan al Gobierno de Mauricio Macri, aunque sin una reglamentación clara. En 2017, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich había reconocido la existencia de esas prácticas, aunque no quedaba clara su reglamentación. Durante el mandato de Alberto Fernández, la sucesora de la cartera, Sabina Frederic, aprobó en 2020 la resolución 144/2020, un protocolo "elaborado por un comité integrado por organismos de derechos humanos y expertos en redes sociales y derecho a la privacidad para reglamentar el uso de fuentes abiertas en la prevención de delitos". Según contó la exministra a CORTA, esto "dejaba sin efecto una resolución secreta que había firmado el secretario de Seguridad de Bullrich, Eugenio Burzaco, que tenía bastantes zonas oscuras". El protocolo de Frederic, que también recibió señalamientos por parte de organizaciones civiles, tenía vigencia mientras durara la emergencia sanitaria, por lo que dejó de funcionar en 2021. Luego de que Aníbal Fernández se hiciera cargo del ministerio, el mismo impulsó en 2023 un plan de delitos cibernéticos, que no estaba orientado a este tipo de tareas.
Frederic advirtió a este medio que "la resolución que aprueba Bullrich tiene algunos riesgos", remarcó que "hay poca legislación en Argentina sobre el uso de información en redes sociales abiertas" y puntualizó que "choca con la Ley de Inteligencia". "La cuestión es hasta dónde levantar información antes de enviarla a la Justicia como evidencia de algún delito", sostuvo la exfuncionaria, y agregó: "Toda investigación y análisis de inteligencia requiere aprobación judicial. Esta resolución está un poco reñida con eso". Para Frederic, su protocolo "era más acotado" porque "sólo fue por un periodo de tiempo e impedía el uso de la información recolectada para hacer tareas de inteligencia, es decir, ponía mayor coto a la discrecionalidad policial".
Martín Silva, director de la ONG Datas, señaló en diálogo con CORTA que las definiciones del protocolo "son vagas" y subrayó que "eso no es inocente". "Tiran palabras al aire que no significan nada pero habilitan a todo", afirmó. En ese sentido, cuestionó el "habilitar el mismo grado de intrusión, vigilancia y riesgos en el método de prevención sin importar de qué tipo de delito se trate" y enfatizó: "En la calle no permitimos que se utilice cualquier medio para tareas de inteligencia e investigación. Pareciera que cuando las cosas son digitales tiramos por la borda doscientos años de trabajo policial, de defensa, judicial o de protección a lo derecho civiles".
Silva rechazó que el hecho de trabajar sobre fuentes abiertas le dé mayor legitimidad al protocolo. En ese sentido, aseguró que "las acciones privadas son aquellas que no dañan a terceros, no importa dónde se hagan". "En el ámbito digital sucede lo mismo que en una plaza, el Estado no puede venir a preguntarme qué libro estoy leyendo y tampoco tiene nada que hacer revisando a qué le puse 'me gusta' en las redes, a quién sigo, qué comparto o qué escribo como una forma de 'prevenir delitos'. Que sea accesible de forma pública no da derecho a investigar o registrar lo sucedido. Si hay una denuncia, se hace en el marco de una investigación instruida y bajo protocolos", manifestó.
Del otro lado, hay voces, incluso de la oposición, que defienden esta política. "El protocolo está bien, si yo estuviese en el Poder Ejecutivo, lo defendería", afirmó a CORTA José Glinski, exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y diputado nacional por Unión por la Patria. "El protocolo dice claramente que es sobre fuentes abiertas. Hay tareas preventivas que tienen que ver con eventuales comportamientos que pueden constituir delitos y que ante la primera sospecha fundada de que hay una acción delictiva se judicializa", explica el legislador. En ese sentido, argumentó que "no son tareas muy intrusivas" y que "las fuerzas de seguridad tienen que reunir información en virtud de la política criminal que establezca el Poder Ejecutivo". En cuanto al uso de inteligencia artificial, Glinski sostuvo que "es parte de la tarea" y consideró que "sería un poco ingenuo no utilizarla".
El Ministerio de Seguridad no contestó las consultas de CORTA sobre el tema, pero la titular de la cartera defendió la necesidad del ciberpatrullaje a través de un posteo en X donde se ve un chat de Telegram donde se vende cocaína y a "mujeres engañadas por las redes, donde les venden un futuro y las llevan a la trata".
