La victoria en la batalla depende de las fuerzas del Congreso

El presidente Javier Milei logró asegurar la primera sanción de una Ley del Poder Ejecutivo en el Congreso en seis meses de Gobierno con la aprobación de la Ley Bases en el Senado el miércoles pasado. Si bien la norma todavía no está sancionada y necesita un paso más en la Cámara de Diputados, lo único que todavía está en juego es la parte del contenido que la Cámara Alta modificó.

Lo más importante.

El Gobierno libertario, con la figura prominente del nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, echó mano a las históricas prácticas de la política para llevar adelante el abanico de negociaciones que concretó la aprobación. Con esto, la administración Milei les mostró a los agentes internacionales que estaban mirando con atención el proceso que está dispuesto al ejercicio de la política de barro y acuerdos de dudosa moralidad para ganar, algo que le da cierta sostenibilidad fáctica a la agenda ideológica declamativa de transformación profunda.

Las fuerzas terrenales.

"La victoria en la batalla no depende del número de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo", repite Javier Milei en cada discurso que pronuncia como profecía cumplida de su lema de campaña. Para esta victoria, necesitó de una fuerza mucho más terrenal: la política y el Congreso Nacional, ese que acusó de ser "un nido de ratas" y que, con una profunda fragmentación, le dio la herramienta de una mega Ley que abarca temas y materias muy distintas.

El reparto.

Distintos senadores críticos del proyecto fueron confirmando semanas anteriores su voluntad de respaldar la iniciativa oficialista a medida que se conocían concesiones paralelas a intereses que ellos o sus provincias tenían.

• El caso más conflictivo fue el de la senadora Lucila Crexell, cuyo pliego a la Embajada argentina ante la Unesco fue dado a conocer de forma misteriosa un día antes de la votación por la Ley Bases. Crexell había votado para rechazar el DNU y se había separado del bloque Cambio Federal acusando a su presidente, Juan Carlos Romero, de estar muy cerca del Gobierno. Con voto positivo sobre la Ley en general y sobre todos los puntos en la votación en particular, la neuquina fue denunciada penalmente y acusada de "prebendaria" por su propia tía segunda, la senadora Silvia Sapag de Unión por la Patria.
• El senador entrerriano Edgardo Kueider, que ingresó al Senado con una boleta del Frente de Todos en 2019 y vence mandato el año que viene, logró que el Gobierno nacional le traslade a Entre Ríos la representación argentina en la represa de Salto Grande. Una serie de cargos con posibilidad de efectuar nombramientos que el gobernador Rogelio Frigerio ya tenía comprometido con el peronista como muestra de acercamiento político. Kueider votó a favor de todo el proyecto, excepto del RIGI.

Los decisivos.

Entre los críticos más intensos del proyecto que llegaron con ese discurso a la sesión estaban los 33 de Unión por la Patria, 3 senadores radicales (Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Pablo Blanco) y los dos del bloque Por Santa Cruz (Natalia Gadano y José María Carambia). 

• Pablo Blanco decidió votar toda la Ley de manera afirmativa. También votó las facultades delegadas pese a que había asegurado que no lo haría. En declaraciones radiales, explicó que cedió por la decisión del oficialismo de excluir un aumento de la alícuota del régimen de Tierra del Fuego, su provincia, del paquete fiscal.
• Maximiliano Abad rechazó las facultades delegadas pero votó a favor en general.
• Martín Lousteau votó en contra en general y de los puntos más importantes, pero dio quórum para habilitar la sesión.
• José María Carambia y Natalia Gadano votaron en contra en general pero se ausentaron de la votación en particular.

La muñeca política.

El Gobierno logra, con esta fina ingeniería de posiciones y votos, que la Ley se apruebe como quedó consensuada apenas unas horas antes. De hecho, algunos detalles se seguían discutiendo a minutos de que se tuviera que votar y mientras el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, hombre de pocas palabras en público, tenía la obligación de hablar para estirar el trámite de la negociación.

Sostenibilidad.

El equipo económico debía terminar la semana con una reunión con el FMI, que había habilitado la revisión técnica. La carta de intenciones de Javier Milei, que prometía resultados aún más ambiciosos que los exigidos por el organismo en materia de ajuste, estaba aceptado pero las dudas residían sobre la sostenibilidad política del plan en un país convulsionado. El hecho de pasar seis meses sin una sola Ley sancionada, que el oficialismo discursivamente usaba para atacar a la oposición, en el plano internacional era entendido como una limitación en la capacidad de gestión.

Cambio de prioridad.

Antes de la caída de la primera Ley ómnibus en enero, el Gobierno aseguraba que prefería ninguna Ley a una muy recortada que hiciera perder "la esencia". Para esta ocasión, la prioridad cambió. Por esta evaluación sobre la sostenibilidad política y la necesidad de hacer avanzar una agenda que incluía una cadena de eventos como el Pacto de Mayo y después el Consejo de Mayo, el oficialismo puso como primera necesidad la aprobación, aunque esto significara ceder mucho.

Abrazar la casta.

El arte de lo posible por sobre lo deseable, la necesidad de ceder en lo que uno busca, hacer entregas de dudosa moralidad en una negociación y esperar gestos de dirigentes que al presidente le caen mal. Son algunos de los aprendizajes que este proceso, que será coronado en Diputados con la primera Ley sancionada del Gobierno de Milei, deja a una administración que tenía que sostener la vara de un discurso anti-casta, cada vez más relegado.

Las preguntas.

• ¿Será este el primer paso de una relación más fructífera con el Congreso o la bisagra que desatará las manos de la oposición dialoguista para ser más oposición y menos dialoguista?