17 Diciembre de 2025 13.57
El Gobierno se prepara para votar el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados y, si bien son optimistas en conseguir su aprobación en general, en la Casa Rosada admiten que hay un aspecto que va a ser difícil de digerir para la oposición aliada: la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
Se trata de leyes que el Gobierno suspendió luego de argumentar que ninguna de ellas explica de dónde saldrán los fondos públicos para ser ejecutadas.
El artículo 75 del Presupuesto no logró consenso en la oposición. Muchos "aliados" del Gobierno adelantaron que no vetarán algo que antes impulsaron, como en el caso del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que reveló que no apoyará ese punto.
En off la cosa todavía es más complicada. Fuentes de los entornos de dos gobernadores norteños le explicaron a CORTA que en la última reunión en Salta donde se definió crear el "interbloque norteño", los mandatarios provinciales presentes (Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua) enfatizaron que no aprobarían las derogaciones de ambas leyes.
"Había concordancia en que no irían en contra del pueblo, era un punto donde no se iban a mover", explicó a CORTA una de ellas y agregó: "El arreglo, al menos con Jaldo, era votar en general y en particular rechazar discapacidad y universidades".
No solo el artículo 75 fue el que disparó las negociaciones del Ejecutivo con las provincias aliadas. También la deuda que mantiene Nación con la Ciudad de Buenos Aires, bastión del PRO, fue objeto de largas conversaciones entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo. El distrito liderado por Jorge Macri (que visitó la Casa Rosada este mes para solucionar el problema) buscaba que el Gobierno dejara en claro en el Presupuesto que se pagaría la deuda para saldar el conflicto vigentes desde 2020.
El diálogo llegó a buen puerto porque Ritondo consiguió incorporar ayer un artículo que dejaba en claro que la Jefatura de Gabinete estaba facultada para disponer los fondos necesarios con el fin de terminar de pagar lo adeudado al distrito porteño.
Tal como explicó CORTA, el artículo 75 fue un punto de discusión ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que luego emitió un dictamen de mayoría para pasar al recinto. Pero no fue el único. También el 77 juntó rechazos de la oposición. Ese artículo elimina la posibilidad de otorgar pensiones a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y se exigirá demostrar que la persona está "imposibilitada para trabajar" para obtenerlo.
En paralelo a la discusión del Presupuesto, el Senado discute la reforma laboral del Gobierno y apura el dictamen de comisión para pasar al recinto. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) la reducción de contribuciones patronales -de 20,4% a 17,4% para servicios y comercio, y de 18% a 15% para otros- implicaría un costo fiscal anual de U$S 2.070 millones, aproximadamente un 0,32% del PBI. También aclara que los empleadores pagarán solo 8% en contribuciones bajo el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), por 48 meses en nuevas contrataciones y que se eliminaría el pago de horas extras al permitir compensaciones "voluntarias" con la creación del "banco de horas".