"Silencio positivo": la reforma que, según la oposición, beneficia a las empresas que demanden al Estado

El Capítulo III de la Ley Bases, que cuenta con media sanción de Diputados y es debatida en comisiones por el Senado esta semana, se dedica a modificar la Ley 19.549 de procedimiento administrativo. Varios senadores de distintos espacios de la oposición, entre ellos el peronista Oscar Parrilli y el radical Martín Lousteau, cuestionaron en las últimas jornadas un punto específico de la normativa, que modifica el sentido del silencio administrativo, y aseguraron que este cambio beneficiará a las empresas que litiguen contra el Estado y estimulará la corrupción estatal. 

En detalle. 

Las modificaciones a la Ley 19.549 fueron defendidas esta semana en el Senado por la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal Murphy, quien aseguró que el sentido de las reformas es "incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado" y dejar atrás los "criterios y parámetros del siglo pasado" que regulan "la relación del Estado con los particulares". El artículo 31 de la Ley Bases modifica el carácter del silencio administrativo, y el inciso b determina que este tendrá sentido positivo "cuando una norma exija una autorización u otra conformidad administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto" y se venza el plazo previsto "para resolver sin haberse dictado resolución expresa". Hasta ahora, una demora de estas características implicaba una negativa por parte del Estado.

Qué dijo Parrilli.

"Esta redacción está hecha por estudios jurídicos que se han encargado de litigiar contra el Estado y que muchas veces se han encontrado con fallos de la Justicia que han invalidado sus pretensiones frente a reclamos hechos por el Estado. Más que mejorar el trámite administrativo, en realidad esto se parece a darle forma jurídica a la industria del juicio administrativo, se trata de que los estudios jurídicos tengan herramientas jurídicas para poder esquilmar al Estado", consideró Parrilli el martes, en su alocución tras la exposición de Ibarzabal Murphy, y agregó: "La ley agrega un inciso que dice que el silencio (administrativo) implica sentido positivo. ¿Qué significa esto en la práctica? Ganarle al Estado sin necesidad de hacer juicio".

Qué dijo Lousteau.

"En la mayoría de los países, incluyendo a Argentina, el silencio administrativo implica que no. Ahora se está cambiando para que si el Estado no contesta sea sí. Esto tiene algunos problemas. Es mucho más fácil ser corrupto si hay silencio administrativo positivo que si hay negativo. En nuestro Estado es un problema. Además, la capacidad estatal para poder decir que sí rápido requiere un Estado que sea dinámico", opinó ayer Lousteau.