Universidades en manos de las provincias: el Gobierno y la amenaza de arancelamiento
25 de septiembre de 2024 - 16.17 / Actualizado: 20.04
25 de septiembre de 2024 - 16.17 / Actualizado: 20.04
El presidente Javier Milei esperará hasta último momento para promulgar el veto a la ley de financiamiento universitario mientras el Gobierno estudia traspasar el funcionamiento de las universidades nacionales a las provincias, según confirmó hoy una fuente del entorno del mandatario a CORTA.
El mandatario había dicho que su veto sería "total" y no dejó lugar a otras interpretaciones, pero desde Casa Rosada explican que todavía no hubo promulgación porque continúan las negociaciones con el sector universitario: "Si aceptan la paritaria, se desactiva el problema".
El Presupuesto 2025 contempla una partida de gastos para universidades nacionales de $3,8 billones, una cifra casi dos veces menor a lo que pide el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para cubrir gastos salariales, unos $7,2 billones. Desde Balcarce 50, la fuente explicó a este medio que los equipos jurídicos del Ejecutivo comenzaron a estudiar la posibilidad de traspasar las universidades nacionales a la órbita de las provincias ya que las propias instituciones "hacen lo que quieren y le tiran la factura a Nación". Remarcó que las transferencias de dinero serían "mínimas" y que las instituciones educativas deberían considerar el arancelamiento como forma de financiamiento.
Milei tiene hasta el 3 de octubre para promulgar el veto, el lapso de 10 días hábiles que establece la ley. El 2 habrá una marcha frente al Congreso por parte de la comunidad educativa junto a sectores gremiales, similar a la última que hubo frente a la Casa Rosada, en rechazo al veto.
A pesar del proyecto que estudian desde el Ejecutivo, otra voz con mayor conocimiento de la técnica legislativa en Casa Rosada le confesó a CORTA que sería un "error político" el traspaso de las universidades a las provincias. "Primero tenés que aprobar una ley nacional y después precisás que las legislaturas provinciales se acoplen y acepten el traspaso", explicó. En el mismo sentido, desde el CIN coincidieron con esta visión y le aclararon a este medio que es un "delirio" y algo "jurídicamente inviable" pensar en un traspaso: "Es una amenaza, una fake news".
La última vez que el Gobierno mencionó el arancelamiento de universidades fue cuando envió la Ley Bases al Congreso, donde se estipulaba un costo para los extranjeros no residentes.