YPF y el juicio en E.E.U.U.: cómo está la situación actualmente
18 Agosto de 2025 16.00
18 Agosto de 2025 16.00
En medio del juicio por el 51% de las acciones de YPF que el Estado argentino defiende frente a los intereses de los fondos buitres estadounidenses, hoy la Justicia de Irlanda le dio la razón a Argentina y rechazó el pedido de Estados Unidos.
El viernes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York le permitió a Argentina apelar el fallo de la jueza Loretta Preska sin necesidad de entregar las acciones de YPF ni ofrecer una garantía. Además, el capital del Gobierno en la petrolera podrá permanecer en la Caja de Valores.
Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación, desde la Justicia irlandesa se posicionaron a favor de Argentina y desestimaron el pedido de los fondos buitres demandantes Petersen y Eton Park. La justificación a dicho posicionamiento tiene que ver con que tanto Petersen como Eton Park ya han incurrido en acciones similares en otros países del mundo. Por eso, la postura de Irlanda representa un precedente favorable para la República Argentina.
A su vez, desde el organismo perteneciente al Ministerio de Economía, afirmaron: "Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales. Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación".
El 30 de junio la jueza del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska le había ordenado al Gobierno argentino que entregara el 51% de las acciones Clase D de YPF a los denunciantes como parte de pago por la nacionalización de la petrolera.
El fallo le exige al Estado argentino que transfiera el 51% de las acciones Clase D de YPF dentro de los próximos 14 días a "una cuenta de custodia global en el Banco de Nueva York Mellon" para que transfiera los fondos a los demandantes por la nacionalización de YPF en 2012. A su vez, Preska ya había fallado a favor de los demandantes y el año pasado habilitó el pedido de embargo de U$S 16.000 millones contra el país.
En julio, el Gobierno argentino presentó los argumentos por los que se opone a la orden de Preska: