30 de diciembre de 2023 - 10.30 / Actualizado: 22 de febrero de 2024 - 19.56
A tres años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que permitió la legalización del aborto y la atención postaborto a las personas gestantes, CORTA habló con la médica, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e investigadora del Conicet, Mariana Romero, y la integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Sandra Hoyos para repasar los logros y dificultades de la ley.
Según el informe "Es mucho más que un aborto" de CEDES junto a Ibis Reproductive Health, desde la aprobación de la IVE hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a "interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud". Entre 2020 y 2021, las muertes maternas disminuyeron de 23 a 13 y la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años disminuyó un 43% entre 2018 y 2021.
"La ley trajo un debate social muy necesario, casi inédito en la sanción de otras leyes y, sobre todo, un debate en la calle, en las familias, en las escuelas, que contribuyó mucho", sostuvo Mariana Romero. "Antes la interrupción voluntaria del embarazo configuraba un delito y nos regíamos por una modalidad de causales donde había que dar explicación de por qué se quería abortar", analizó Hoyos.
Hay 1982 instituciones públicas que dan acceso a la IVE en el país, lo que duplicó los servicios públicos de IVE e ILE desde 2020. Además, la línea de atención telefónica gratuita sobre salud sexual atendió 40.563 consultas desde que se aprobó la ley hasta junio de 2023, 92% de las cuales fueron sobre aborto.
Tras la publicación del DNU y la Ley Ómnibus de parte del Gobierno, donde se incluye la noción de "niño desde la concepción" y modificaciones de la Ley de Mil Días, Romero sugiere que esto podría afectar a la IVE porque "se contradice con la reforma que proponen". "Reedita un problema de salud pública que progresivamente estábamos sacando del debate, como la mortalidad materna, particularmente por abortos inseguros, que era un grave problema de salud pública", señaló. Según Hoyos, la Ley de Mil Días "se toma como referencia y hoy está siendo interpretada desde otros lugares".
Profundizá
La ESI incluye el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Enia) a través del cual se distribuyeron entre 55.700 y 57.100 métodos anticonceptivos de larga duración en 2021 y 2022. EL 45% fueron colocados a niñas y adolescentes.
"El Enia tiene un trabajo muy sostenido en las escuelas y centros comunitarios para trabajar sobre reportar el abuso sexual, sobre todo en las niñas, y eso hizo que la tasa de fecundidad de aquellas de 10 a 14 bajara por primera vez de forma sostenida", sostuvo Romero. El informe muestra que hay un descenso progresivo de niñas que llevan embarazos a término, que pasó de 2350 en 2018 a 1394 en 2021 y que esa disminución implicó la baja en la tasa de fecundidad.
Según el informe, hubo dificultades de cumplimiento entre las obras sociales y prepagas. "En algunos casos se seguían utilizando métodos quirúrgicos como el legrado, que es un método desaconsejado y no recomendado por la OMS", explicó Romero. Sobre casos de incumplimiento de la IVE, agregó: "La línea gratuita recibió reclamos de usuarios de obras sociales que reportaban que les pedían autorización del auditor de su obra social, cuando es una práctica que no debería ser así".
"El Nordeste Argentino es una de las regiones con más dificultades, donde hay distancias inmensas desde localidades pequeñas para ir a un centro de salud, presiones de grupos religiosos, etc.", explicó Romero. Según el informe, hay de 3 a 4 servicios disponibles cada 100 mil mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán y 48 servicios cada 100 mil mujeres en La Pampa.
