31 de julio de 2024 - 22.29 / Actualizado: 01 de agosto de 2024 - 09.51
La asignación por decreto de 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la nueva vieja SIDE se transformó en un salvavidas para algunos espacios políticos que empezaban a ahogarse en las profundas aguas del dialoguismo o, en algunos casos, del oficialismo blue. Con esa decisión, el Poder Ejecutivo les pavimentó a algunos bloques como la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF) o la CC-ARI un camino para desmarcarse del Gobierno sin romper nada, o rompiendo poco, y sin riesgos de ser atacados en redes por desestabilizadores o degenerados fiscales. A su vez, y en la misma jugada, les sirvió la chance de sacarse de encima el polvo de la Ley Bases sin la necesidad de impregnar sus prendas de aroma a kirchnerismo. Un regalo del cielo. Lo que resta definir es si estos sectores intentarán calentar la sesión del próximo miércoles o si buscarán que el campo de batalla sea la comisión bicameral de Trámite Legislativo por la que deben transitar los decretos. Algunos, los más enojados, quieren las dos cosas a la vez. Lo concreto es que el DNU para fondear los servicios de espionaje -y vaya a saber qué más- corre serios riesgos de transformarse en histórico: ser el primero que el Congreso de la Nación junte los votos para derogar.
El radicalismo, ayer y tras una reunión de bloque, cuestionó la obscena asignación de recursos para la ex AFI. Las críticas se extendieron a otro decreto, el que reformó el sistema de inteligencia y restituyó la SIDE. Pidió que los decretos se traten de forma urgente en la bicameral de DNU. Lo mismo hicieron, el martes y con otra carta, los
diputados Nicolás Massot (HCF), Francisco Monti (UCR) y Carlos "Camau" Espínola, uno de los senadores que entró al Congreso con el Frente de Todos y le votó la ley Bases al gobierno de Javier Milei. En esa nota le avisaron al senador Juan Carlos Pagotto, presidente de la bicameral que vio actividad por última vez hace tres meses, que o la convoca él o se autoconvocan ellos. Si se llegara a esa instancia, no habría que descartar que lo remuevan de la presidencia. En el Congreso ya pusieron fecha: si el 15 de agosto no hay dictamen de la bicameral sobre los dos decretos vinculados a inteligencia, irán directo al recinto. Si eso pasa, sobrarán los votos para darle media sanción al rechazo. Y atención, porque si la tensión sigue in crescendo, hay legisladores que se negaban a voltear el mega DNU desregulador antes de aprobar la Ley Bases que se quedaron sin esa excusa. ¿Y si se empiezan a juntar votos para derogar el decreto 70/23? Un riesgo que el oficialismo no debería correr.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene al menos dos frentes abiertos que deberá ordenar antes de la sesión del 7 de agosto, en la que buscará aprobar dos leyes que espera la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: el proyecto para regularizar y facilitar la tenencia de armas de fuego y la creación de un banco de datos genéticos para delitos sexuales. Uno es la exigencia de la oposición soft para que el oficialismo ponga en marcha la bicameral que dictamina sobre los DNU, que no depende directamente de él, pero la presión se ejerce desde la Cámara baja; la otra es la falta de respuesta institucional a la visita de Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci a genocidas múltiples veces condenados por delitos de lesa humanidad, como Alfredo Astiz. El oficialismo no moverá ninguna ficha, aguardando que el asunto se disipe. Fuentes libertarias sostienen que ya explicaron la cuestión logística y que la Cámara es "un cuerpo colegiado", que deberá tomar sus propias decisiones. Tampoco temen que se torne caótica la sesión del próximo miércoles. "Veremos si corre algunos de los pedidos" para crear una comisión investigadora, deslizó la fuente. Subtitulado: nosotros no vamos a hacer nada, la pelota la tienen los otros.
En Diputados empezaron los contactos para coordinar una postura única del heterogéneo arco opositor para la próxima sesión. La posibilidad que hoy barajan es votar una avalancha de emplazamientos. A la comisión de Asuntos Constitucionales, para que trate en forma urgente los proyectos de repudio por la visita a genocidas y los que solicitan la conformación de una comisión investigadora para evaluar sanciones a "Los seis de Astiz". Y a la de Trámite Legislativo, para que se aboque en forma inmediata a dictaminar la validez o no del decreto que multiplicó diez veces la caja de los servicios de inteligencia. Si van por esta vía, el inicio de la sesión será una tribuna enardecida de esas que se sabe cómo empiezan pero nunca cómo terminan.
El problema para Menem es que la presión para sostener en agenda la visita a represores no se reduce a la ultra oposición peronista. Ni siquiera a los dialoguistas más distantes: hasta el PRO le está pidiendo a sus amigos de LLA que hagan algo con "Los seis de Astiz". En la reunión que mantuvieron en el Congreso, hace ya varios días, algunos presidentes de bloque con el número dos de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, Cristian Ritondo le pidió tres cosas. Uno, que se resuelva la coparticipación de la Ciudad, algo que se acordó al día siguiente; otro, que la Rosada no se entrometa en cómo distribuyen los lugares y las presidencias de las comisiones; y el tercero, una respuesta institucional por el caso Ezeiza. Desde el entorno del presidente del bloque macrista aclararon que LLA tiene todavía unos días más para pronunciarse. ¿Y si no lo hacen? "Habrá novedades en la sesión de la semana que viene", respondieron. La visita se hizo a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Bullrich, con quien hoy Ritondo está en pie de guerra. La interna del PRO es como el agua: siempre encuentra por dónde filtrarse.
El bloque de LLA se reunió el martes. Varios mostraron su malestar por el viaje al penal de Ezeiza y finalmente hubo consenso en alinearse bajo una misma versión: que no se fue a ver a nadie en particular, sino la cárcel en general. No hubo presencia completa de la bancada. Habitualmente, está permitido que quienes no lleguen puedan participar por Zoom, pero esta vez cerraron la transmisión a último momento, por los temas "delicados" que iban a discutirse, así que varios no pudieron participar. Pero hubo ausencias más ruidosas: las de las diputadas Bonacci y Arrieta, dos de "Los seis de Astiz". La primera es un dolor de cabeza para Menem y para el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni. Es la que dijo que la llevaron engañada a ver represores y que tanto Menem como la Casa Rosada sabían de la visita. El padre de Rocío, José Bonacci, es un exmilitar que simpatizó con los carapintadas de Aldo Rico y, luego, con el nazi Alejandro Biondini. Nadie lo describiría como un fanático de la democracia. La joven diputada amenaza, siempre que puede, con irse del bloque de LLA. Lo hizo tanto que ya no le creen. La segunda, Arrieta, reconoció que estuvo con Astiz pero dijo que no sabía quién era porque nació en 1993. La peor defensa de la historia.
