20 de agosto de 2024 - 15.00
El Ministerio de Salud reglamentó hoy una serie de cambios en los requisitos para poder inscribirse en el Registro del Programa Cannabis (Reprocann). Desde la ONG Mamá Cultiva, impulsora de la Ley de Cannabis Medicinal, aseguraron a CORTA que la medida "es otra manera de ralentizar el sistema y limitar aún más el acceso a las terapias con cannabis", pero desde el Gobierno sostuvieron que el objetivo es "fortalecer los controles y la transparencia".
"Nos resulta llamativo que el mismo ministerio que se quejaba por los pocos profesionales que inscriben al Reprocann ahora suma una restricción: que acrediten una diplomatura", apuntó en diálogo con este medio la presidenta de Mamá Cultiva, Valeria Salech. "Nos suman requisitos y burocracia. Sabemos que es otra manera de ralentizar un sistema que ya es deficiente y limitar aún más el acceso a las terapias con cannabis", cuestionó la activista. En ese sentido, Salech advirtió que "hay miles de personas esperando la aprobación de su solicitud y la renovación" y sentenció: "En vez de construir un estado más eficiente, suman burocracia".
Piero Liebman, titular del estudio jurídico Liebman y Asociados, especializado en asesoramiento legal para negocios de la industria cannábica, le advirtió a CORTA que "hay que seguir que la medida no afecte el derecho a la salud de ningún paciente". En ese sentido, cuestionó los límites de pacientes que pueden aceptar los productores de cannabis, que es de 150 para las asociaciones civiles y fundaciones y de 2 para los cultivadores solidarios. "Si podés producir para más pacientes, ¿por qué prohibirlo? Afecta los principios de realización progresiva de los derechos humanos".
Entre los puntos problemáticos, Liebman señaló que prohibirle la inscripción al Reproccan a una persona con antecedentes penales, como estipula el artículo 4, "es violatorio del sistema penal". "Si una persona ya cumplió su pena, esto es una segunda instancia de criminalización. Además, muchos cultivadores tienen antecedentes por ser perseguidos cuando la actividad era ilegal". En ese sentido, Liebman enfatizó que "lo más importante es que se entienda el derecho a la salud de manera integral, tanto para el consumidor como para el productor, porque estar ajo el yugo de la persecución penal también afecta la salud".
A su vez, el abogado afirmó que "la traba más grande está en la práctica". "El sistema está parado desde el cambio de gestión", cuestionó Liebman, y agregó: "Recién hace dos semanas cuando avanzaron los amparos el Ministerio de Salud empezó a avanzar lentamente y las últimas aprobaciones estuvieron muy focalizadas en CABA".
La cartera de Salud sostuvo que la medida tuvo el objetivo de "fortalecer los controles y la transparencia" del sistema y "recuperar el espíritu inicial del Programa: la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor del cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud". A su vez, desde el Ministerio le aseguraron a CORTA que el sistema no se paralizó, sino que "se priorizaron los pacientes pediátricos según la criticidad del diagnóstico, como aquellos correspondientes a niños y adolescentes con patologías como epilepsia refractaria". Sin embargo, advirtieron que "había algunas irregularidades y tramites que venían pendientes de 2023" y que eso "se está buscando normalizar". "El registro va a continuar", remarcaron.
Desde el Ministerio que lidera Mario Russo argumentaron que al iniciar la gestión "se encontró en el Reproccan un cuello de botella de más de cien mil solicitudes pendientes de revisión, de las cuales ocho de cada diez prescripciones indicadas son por trastornos de ansiedad, insomnio y/o dolores". "El 16% del total de dichas prescripciones fueron otorgadas únicamente por 6 profesionales médicos y más de 60 médicos cuentan con más de 1000 prescripciones realizadas", subrayaron.
