Violencia obstétrica: los números en Argentina y qué dice la ley

La Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica, junto a otras organizaciones, convocó a una marcha hoy a las 15 en la Plaza del Obelisco, Ciudad de Buenos Aires, para "exigir al Estado un compromiso con esta forma de violencia de género" y declarar el 17 de mayo como el "Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Ginecobstétrica".

Por qué importa. 

En Argentina, el 28% de las mujeres sufrió maltrato físico durante un procedimiento ginecobstétrico, según un informe del Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA). 

Los números. 

• El 45% de las mujeres sufrió maltrato verbal durante la atención ginecobstétrica entre 2023 y 2024, según el reporte de OVOA en alianza con la Campaña Nacional en Contra de la Violencia Ginecobstétrica.  Además, el 31% aseguró que le realizaron intervenciones sin autorización mediada por información completa, el 22% no pudo estar acompañada y el 35% recuerda su experiencia con malestar o sufrimiento.
• 80 son las consultas, en promedio, que se hacen por año por violencia ginecobstétrica, según le informó a CORTA la Defensoría del Pueblo de la Nación. De estas, 30 se transforman en quejas efectivas con trámite. En lo que va del 2025, se hicieron 35 reclamos por esta problemática. 
• Hubo 109 reclamos por casos de violencia ginecobstétrica en 2021, según los últimos datos oficiales realizados con la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), la Línea 144 y la Defensoría del Pueblo de la Nación. En ese mismo año, ante un pedido de información, INADI aseguró que desde 2017 hasta ese momento hubo 162 casos.
• La tasa de cesáreas en el sector público fue de 43,4% en 2022, según el Sistema Informático Perinatal (SIP). Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la tasa ideal de cesárea debe ser entre el 10% y el 15%. 

Qué dice la ley. 

La Ley 25.929, conocida como la Ley de Parto Humanizado, fue sancionada en 2004 y establece que toda mujer tiene el derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que se hagan durante el procedimiento, a estar acompañada por una persona de su confianza y a que se eviten prácticas invasivas y medicaciones que no estén justificados, entre otras cuestiones. También la Ley 26.485 define a la violencia obstétrica como "aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales".

Además, en 2015 se sancionó el Decreto 2035/2015 de la Ley Nº 25.929 que especificó los derechos que tienen los bebés y las mujeres durante el embarazo, el parto y posparto. Sobre esto, el encargado del programa sobre Parto Respetado de DPN, Mariano García Blanco, en diálogo con CORTA, afirmó: "La Ley 25.929 no es mala, pero es vieja. No tiene sanciones" y agregó: "Presentamos un proyecto de ley, pero está por perder estado parlamentario por segunda vez".

Dónde se denuncia. 

La Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) es el único canal que queda en el que se pueden radicar las denuncias por violencia obstétrica a través de un formulario, tanto en el ámbito público como privado. El organismo se encarga de pedir un informe de lo ocurrido y tomar medidas. En caso de una mala praxis médica, la denuncia se remite a la Procuraduría General de la Nación. "La mayoría no se entera de que existe este canal o no sabe que lo que vivió es violencia obstétrica", aseguró García Blanco.

Además, Blanco advirtió que "entre los casos que más se repiten está la prohibición al familiar a entrar al quirófano cuando es una cesárea, aunque la ley lo permite". Por otro lado, remarcó que "se repiten los casos en los que hay una sobremedicación de oxitocina sintética para hacer una dilatación más rápida", aunque criticó el método, ya que "produce un efecto de máximo dolor" y añadió: "También es frecuente la atadura de manos". 

Hasta su cierre en agosto de 2024, también se podían hacer en INADI. Además, se pueden hacer en la línea 144, aunque no realiza estadísticas desde 2023 y en 2024 casi el 50% de las trabajadoras fueron despedidas. 

Las críticas. 

• La diputada de Unión por la Patria Mónica Macha le dijo a este medio que "la ley que existe es buena, pero hay un problema en las prácticas que están muy arraigadas" y agregó: "Por eso presentamos proyectos de capacitación".
• "El maltrato también se perpetúa en casos de abortos. Frente al vaciamiento hay menor instrumentación y capacitación", advirtió Amparo Saiz, integrante de la organización Guardianas Floreseremos, en diálogo con CORTA. Además, consideró que "la violencia médico-ginecobstétrica es parte de una estructura del sistema de salud" y remarcó:  "Con las mujeres que denunciaron en Morón esta violencia te puede matar". 
• La integrante de Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica Luján Arcidiacono aseguró, al ser consultada por CORTA, que "este fenómeno tiene una gran diversidad de actores involucrados", señaló al Estado "para que implementen políticas públicas y sanciones" y al sistema médico. También enfatizó que en el caso de las intervenciones sin autorización se reiteran las que buscan acelerar el parto y, sobre el maltrato físico, especificó: "En general, las atan de las piernas o los brazos en una cesárea. Hubo  una mujer que contó que la dejaron sola con los brazos atados". 

En primera persona. 

Carolina Sigal Fogliani denunció ante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que le indujeron el parto en el Sanatorio Finochietto, le realizaron una amniorrexis -un procedimiento que consiste en la introducción, a través de la vagina, de un dispositivo con dientes, el cual perfora la bolsa para facilitar la salida de los fluidos amnióticos-, recibió insultos y le aplicaron la maniobra de Kristeller, lo que le provocó un desgarro vaginal y lesiones en el útero, y a su hijo una fractura en la clavícula derecha. Su caso logró un fallo inédito al Estado argentino por parte de la CEDAW, que aseguró que debe "proporcionar una reparación integral" y "asegurar que las mujeres tengan acceso a servicios adecuados de salud". 

En diálogo con CORTA, la denunciante aseguró que con el fallo confirmó "lo sistemático de la violencia" y contó que, cuando comenzó con la denuncia, "el sanatorio se defendió con toda su artillería de abogados" y que se encontró con "un sistema médico poderoso". Agregó que cuando empezó a buscar información se encontró "con mujeres pidiendo justicia hace 20 años en Misiones y una causa colectiva en Morón".

Por su parte, Ana Orellano tenía 21 semanas de embarazo cuando comenzó con las contracciones. Se atendió en el Hospital Francisco López Lima, en la localidad General Roca de Río Negro, en 2019. "Yo cursaba una gestación de 21 semanas y empecé con contracciones. El médico me dijo que estaba toda podrida", le dijo a este medio y agregó: "Después, otro médico me dijo que iba a quedar internada hasta la semana 28 y que me iban a inducir el parto y el bebé iba a nacer con problemitas".

Según relató Orellano, al día siguiente se efectuó la Interrupción Legal del Embarazo. "Cuando logré el permiso por vía judicial, la respuesta de la institución fue que ya habían desechado el cuerpo de mi hijo". Tras ese episodio, la mujer inició una demanda por violencia obstétrica y por daños y perjuicios y sostuvo: "Pude transformar toda la experiencia en activismo y revertir ese dolor en lucha".