12 Mayo de 2026 14.00
En España, una madre recibirá una indemnización de más de €13 millones por una negligencia médica durante su parto que dejó secuelas neurológicas graves en el menor. En la Semana Mundial del Parto Respetado, cómo se vive la problemática en nuestro país.
La mala praxis durante el parto es un tipo de violencia obstétrica y califica como violencia de género (Ley 26.485). A su vez, la Ley de Parto Respetado (N° 25.929) garantiza derechos y evita procesos innecesarios, pero su aplicación efectiva sigue siendo baja. El Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA) reportó en 2024 que el 60% de las mujeres del país denunciaron haber vivido una mala experiencia en la atención ginecológica y/u obstétrica.
Claudia Alonso Werner, ginecóloga, obstetra y cofundadora de la ONG Dando a Luz que vela por los derechos de la mujer en el parto, explicó a CORTA que suele naturalizarse porque forma parte de una violencia estructural y sistemática hacia las mujeres dentro del sistema de salud. "Muchas prácticas se presentan como 'normales' o 'por seguridad', cuando en realidad implican pérdida de autonomía, trato degradante o intervenciones sin evidencia científica", precisa.
En este sentido, la médica ejemplifica que algunas formas frecuentes de violencia son la falta de consentimiento informado real, la información sesgada o tendenciosa, el impedimento del movimiento libre durante el trabajo de parto, negar acompañamiento emocional, minimizar el dolor o infantilizar a las mujeres.
Alonso Wener agrega "frases humillantes como 'bien que te gustó' o 'si te gustó el durazno bancate la pelusa', que disciplinan la sexualidad femenina y refuerzan la idea de que el sufrimiento es un castigo por haber ejercido la sexualidad". Y señala que este sistema se asienta "sobre estereotipos de género muy arraigados respecto de lo que se espera de una 'buena madre': abnegada, complaciente y silenciosa".
La especialista sostiene que los grupos más vulnerados están más expuestos a estas prácticas, entre ellas: mujeres pobres, indígenas, migrantes, adolescentes, mujeres con discapacidad o quienes transitan embarazos al final de la vida reproductiva. "Frases como 'tienen hijos para cobrar un plan' o 'viniste a molestar a la guardia' muestran cómo el prejuicio atraviesa la atención médica y condiciona el modo en que se evalúan los síntomas y se toman decisiones clínicas", aseguró, e hizo hincapié en que estas conductas generan un "caldo de cultivo" para diagnósticos erróneos y mala praxis.
La violencia obstétrica "es una expresión de una violencia estructural y sistemática de género dentro de las instituciones de salud", explica Alonso Wener. "Tiene que ver con un modelo médico hegemónico y patriarcal que históricamente construyó discursos para justificar prácticas muchas veces sin evidencia científica, pero funcionales al disciplinamiento de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. Bajo el mandato tradicional de maternidad, pareciera que una mujer puede ser madre, pero no sujeto de deseo", sintetizó la experta.
Al mismo tiempo, apunta que las políticas públicas también son responsables: "En Argentina la mortalidad materna aumentó un 37% en 2024 en un contexto de fuerte desfinanciamiento del sistema sanitario".
La doctora, además, cuestionó la falta de políticas para monitorear de manera oficial la problemática. En este línea, señaló que la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG) fue disuelta en 2025 en el marco de los ajustes del Gobierno nacional, y si una mujer denuncia incumplimientos de la Ley de Parto Respetado, muchas veces no existe ninguna intervención estatal ni garantía de no repetición.
Por su parte, Astrid Zucconi, licenciada en comunicación, doula de maternidad y miembro de Dando a Luz desde el 2014, remarca que la naturalización de determinados patrones violentos tiene que ver con un modelo que se lleva a cabo desde hace muchos años y es muy difícil de erradicar "porque también es una cuestión cultural". Asimismo, apuntó que "a veces los protocolos médicos avalan ciertas intervenciones, ciertas formas", y que es el Estado el responsable de romper con esos hábitos.
Respecto al rol del Estado, añadió que debe facilitar los procesos judiciales para las personas gestantes que sufrieron violencia en cualquiera de las situaciones obstétricas, ya sea embarazo, parto, puerperio, lactancia, aborto espontáneo o no espontáneo. "Si la violencia sucede, que las personas tengan un espacio de contención y de denuncia, y que se sancione a aquellas personas que provocaron la agresión", expresó.
En cuánto a cómo repercute en una mujer la violencia obstétrica, la licenciada explica que las secuelas pueden ser inmedianas como no, y aparecer a los cuatro meses por ejemplo. Estas pueden ser: depresión posparto, desconexión con el bebé, dificultades para sentirse capaz de amamantar y criar a ese hijo, y culpa de la violencia que recibió.
El relevamiento de OVOA, realizado a 2.000 personas gestantes, también aportó los siguientes datos:
Desde que el Gobierno de Javier Milei asumió el poder, tanto él como funcionarios de su gabinete y representantes de su partido, se posicionaron en contra de la "ideología de género" y las políticas de género. En consecuencia, desarticularon distintas redes estatales orientadas al cuidado de las mujeres y la búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades.
En junio de 2024, el Ejecutivo eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, último remanente de la excartera, y distintos programas orientados a asistencia económica, jurídica y psicológica de víctimas de violencia de género, como el Programa Acompañar y el Programa Acercar Derechos, sufrieron ajustes.
Entre 2024 y 2025, la gestión libertaria avanzó con el cierre de 13 programas vinculados a género y diversidad, como MenstruAR y programas de apoyo a personas trans y familiares de víctimas de violencia extrema. Además, el año pasado, desde el Ministerio de Justicia expresaron la intención de eliminar la figura de "femicidio" del Código Penal.
En el marco del Día del niño por nacer en 2025, el Gobierno ratificó su postura contra el aborto. Dos meses después, en la jornada de la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), Milei responsabilizó la despenalización por la baja en la tasa de natalidad, y calificó el aborto como un "ataque a las dos vidas".