9 Marzo de 2026 15.00
La Cámara de Diputados lanzó por medio del Boletín oficial la convocatoria a audiencias públicas para debatir el texto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Las exposiciones serán el 25 y 26 de marzo de 10 a 19.
El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares el pasado 26 de febrero. Ahora resta que la Cámara Baja trate el proyecto.
Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados recibirán opiniones sobre el proyecto que modifica la Ley 26.639 de protección de glaciares y ambiente periglacial. Las exposiciones serán el 25 y 26 de marzo de 10 a 19. La primera fecha se desarrollará de manera presencial, mientras que la segunda será virtual, destinada a quienes participen de forma remota.
El texto propone limitar el ámbito de aplicación de la actual Ley 26.639. El cambio principal establece que solo se preservarán aquellos glaciares que cumplan simultáneamente con tres requisitos:
Asimismo, la modificación busca liberar la actividad económica en la zona periglacial, es decir, se habilita la ejecución de proyectos mineros y de hidrocarburos en áreas donde hasta ahora está prohibido. A su vez, le traslada la facultad de autorizar estas obras a las provincias.
Por último, se propone eliminar la prohibición de liberar sustancias contaminantes bajo el argumento de que la normativa actual obstaculiza el desarrollo productivo.
En diciembre del año pasado, en el marco del 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad en Corrientes, el presidente Javier Milei contó que la iniciativa fue del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y argumentó que la ley "permite devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglacial. La contracara de eso va a ser una gran inversión en materia de minería".
En esta línea, en la apertura de sesiones ordinarias 2026, el mandatario reiteró: "Tenemos los minerales críticos que necesita Occidente, tenemos la energía; gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción a escala. Tenemos tierra, agua y capacidad industrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio y tenemos la ubicación; el extremo sur del continente con salida a dos océanos y presencia en la Antártida. Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente".
El senador libertario Bruno Olivera sostuvo en diálogo con LN+ que la reforma plantea una dicotomía entre agua o desarrollo de las provincias cordilleranas que es "totalmente falsa". Y explicó: "Lo que nosotros planteamos es que las provincias puedan hacer un estudio de campo en base a un análisis técnico y se determine si esa geoforma que está en un ambiente periglacial es o no una fuente de agua".
Patria Bullrich, senadora oficialista, señaló que la principal problemática de ley actual es que tiene "términos muy abstractos" que no definen cuáles son las cuencas hídricas de las que no. Respecto a estas últimas, la exministra de Seguridad apuntó que allí "puede haber explotación minera, explotación turística, explotación agropecuaria" y que el cambio le va a permitir al país tener "más seguridad jurídica para quienes quieren invertir".
Bruno Sirote, miembro de Jóvenes por el Clima denunció en diálogo con CORTA. que al contrario de lo que dice el Gobierno, la nueva legislación vulneraría la seguridad jurídica nacional.
"Hoy tenemos un régimen y criterios uniformes, y metodologías científicas validadas para saber dónde hay glaciares y dónde están los límites de las zonas periglaciares en la cordillera. A partir de la aprobación de la ley, el control ambiental pasaría a estar en manos de 24 jurisdicciones, 12 que tienen glaciares, que tienen capacidades distintas y que no se apoyan en los organismos científicos calificados para incorporar o quitar glaciares y sus zonas periglaciares del inventario nacional. Esto genera un montón de inseguridad jurídica porque una cuestión científica pasa a depender de criterios políticos", explica.
Además, resaltó que que si la ley se aprueba, lo hace dentro del marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La controversia de este punto gira en torno a que esta regulación le otorga 30 años de estabilidad a las empresas que inviertan en el país, por ende durante ese lapso de tiempo no se puede revertir la situación.
En cuanto a las consecuencias ambientales, Sirote enumera la pérdida de flora, fauna, regulación de la temperatura porque reflejan la luz solar, y la cuestión del agua. En este sentido, remarca que en lugares como la región de Cuyo, actualmente el 70% de la población depende del agua de los glaciares para sus actividades diarias: beber, bañarse, la industria. "Si se pierde un glaciar, no hay forma de recuperarlo. Los bosques patagónicos se recuperan en 100, 200 años, los glaciares no se recuperan nunca", subraya.
Quienes estén interesados pueden inscribirse hasta el 20 de marzo en el Registro de Participantes a través de este formulario o de manera presencial en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (Av. Rivadavia 1841, CABA), de lunes a viernes de 10 a 16.
Las exposiciones orales podrán extenderse hasta cinco minutos, mientras que las presentaciones escritas no podrán superar las diez carillas en formato A4.