27 Febrero de 2025 08.28
Las designaciones por decreto de Ariel Lijo y Manuel García para completar la Corte Suprema de Justicia no clausuran las negociaciones que, hasta hace unos días, llevaban adelante altísimos delegados de Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Al menos no para la Casa Rosada, donde siguen abiertos a discutir no solo nombres, sino también la ampliación del máximo tribunal. Ahora, entienden, sin urgencias: los nuevos cortesanos tienen su silla garantizada hasta el 30 de noviembre, siempre y cuando el Senado no rechace antes sus pliegos. En ese caso, deberían juntar sus cosas y retirarse.
Mientras tanto, el Gobierno tendrá una nueva mayoría, se verá cuán automática, para imponerse al tándem que forman Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, domadores de la Corte desde su ingreso. Festeja ahora su nueva tribu Ricardo Lorenzetti, la principal víctima de sus colegas y hoy, como padrino de Lijo, el gran ganador. Todo esto, siempre y cuando Rosatti no fuerce mecanismos para frustrar el ingreso de los dos nombrados en comisión. Una duda que aún persiste en el seno del Gobierno.
El presidente quiere ver a los cinco sentados bien cerca, el sábado, cuando inaugure el período de sesiones ordinarias del Congreso que se salteó a sola firma. Con esa foto espera clausurar la agenda de la cripto estafa para instalar la guerra política e institucional por la integración de la Corte.
Sobre esto, a Olivos llegaron datos tranquilizadores:
Meter por la ventana de Tribunales a Lijo y García Mansilla no es un plan de un año, sino a largo plazo. La apuesta es natural: que un resultado electoral positivo en octubre reconfigure el clima en el Congreso, incluso antes de la renovación de bancas del 10 de diciembre, y ese clima renovado geste las mayorías que hasta ahora no lograron gestar para ratificarlos en el Senado. Que todo dependa de un resultado no parece un plan demasiado trabajado.
¿Por qué se optó por el decreto, resignando las negociaciones que desde hace meses llevan adelante con el Instituto Patria? Milei no quiso correr el riesgo de atravesar todo un año con una Corte de tres miembros y menos si no confía en dos de esos tres. Además, no nombrar ningún juez hubiera sido, en la lógica resultadista del Presidente, una doble derrota: contra Cristina, que rechaza al conservador García Mansilla; y contra Mauricio Macri, capitán de la armada "Lijo no". "Si no entraba ninguno ganaban todos, menos nosotros", graficó un hombre del Ejecutivo.
En los cálculos del Gobierno, los votos para Lijo estaban porque Cristina no iba a bloquearlo, siempre y cuándo La Libertad Avanza (LLA) consiguiera quórum para que el expediente llegue al recinto. Esto no era un pálpito, sino información. Sobre García Mansilla aseguran que, lejos de tener anulado su acceso a la Corte, estaban a solo dos votos de alcanzar los dos tercios. Dos que se convirtieron en tres, cuando cayó el senador Edgardo Kueider, preso en Paraguay luego de cruzar un paso fronterizo con una mochila llena de dólares que detectó la Aduana y que no puede explicar de dónde los sacó.
Esos votos para Lijo y García Mansilla, que en el poroteo que llevaba en su despacho el asesor presidencial Santiago Caputo estaban casi garantizados, ¿siguen estando, ahora que ambos aceptaron el atajo de la designación por decreto? Según el bloque de Unión por la Patria (UxP) en el Senado, no. Según el Gobierno, la reacción fue mínima -un comunicado del bloque- y cuando baje la espuma, habrá margen para retomar las conversaciones. Cuanto más se acerquen esas charlas al tic tac de la campaña electoral, menos probabilidades de éxito tendrán. Si algo no se negocia en el universo libertario es el optimismo.
Tiene el oficialismo 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores, moneda de pago para intercambiar por votos en el Senado. "Lo que les importa a los gobernadores es que le pongas al juez que quieren en sus provincias", explicó una fuente que pasa sin controles al primer piso de la Rosada. "Y nosotros somos un gobierno raro: no nos importan esos pliegos", completó.
La decisión de designar a Lijo y García Mansilla por decreto se tomó en el mismo instante en el que se frustró la sesión que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, intentó convocar para el viernes 21. Hacía una semana que la cripto estafa -que tiene al Presidente, de mínima, como partícipe necesario- alimentaba la agenda. Ambos dieron el OK y nunca jamás se evaluaron otros nombres. El juez federal, incluso, tranquilizó al Gobierno cuando les dijo que ya había hablado con sus amigos de la Cámara Federal y que tenía garantizadas las firmas para concederle la licencia sin goce de sueldo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4. Y cumplió: este miércoles, los seis camaristas lo habilitaron, por unanimidad.
En el Gobierno había dos posiciones. Estaban los que creían que nombrar jueces por decreto en un contexto de debilidad -con el Presidente golpeado por el criptogate- era una mala idea; y los halcones, los agitadores de fondear el acelerador ante la inminencia de cada curva. Se impuso esta segunda posición.
Igualmente, admiten que Milei y su gobierno quedaron heridos por su actuación en una estafa de cien millones de dólares. "Hubo sangre y, cuando sangrás, te das cuenta de que te podés morir", dramatizó un hombre que trabajó en el control de daños para paliar la crisis. Para el triángulo de hierro que integran los hermano Milei y el enfant terrible Caputo, el escándalo de $Libra fue lo único que, hasta acá, hizo sangrar al Gobierno.
El mecanismo elegido por Lijo para evitar renunciar a su cargo es otro de los puntos del caso que seguramente terminará judicializado. Para un prestigioso jurista, es inadmisible la licencia y Lijo debería renunciar. Según su mirada, en cada designación a un juez se le asigna una "jurisdicción". Si Lijo asumiera en la Corte tomándose licencia en su juzgado, estaría designado en dos jurisdicciones: en una, por decreto -la Corte-; y en otra, por acuerdo del Senado -el juzgado 4 de Comodoro Py-. Solo como aclaración: el jurista que aportó esta mirada, que para la vara libertaria sería un juez woke, es de los que considera legítimo completar la Corte por decreto, amparándose en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución, como hizo el Presidente.