17 de marzo de 2024 - 09.00 / Actualizado: 18 de marzo de 2024 - 09.03
El Senado rechazó el jueves el DNU 70/23 y derivó la discusión a la Cámara de Diputados, que tendrá la palabra final sobre su caída o su permanencia en vigencia. Además de un texto con efectos legales, el Gobierno se juega la conservación de una parte de su plan de comienzo de gestión.
Javier Milei planteó, tanto en campaña como después de ganar las elecciones y de asumir, la necesidad de avanzar rápidamente con las transformaciones moldeadas por su prisma ideológico ortodoxo. Sin embargo, si el DNU cayera, será uno de los gobiernos con el menor volumen de cambios en la matriz legal y jurídica en sus primeros tres meses.
La principal crítica de Milei al Gobierno de Mauricio Macri fue la calificación de "gradualista", en contraposición con la idea del "shock" que el libertario proponía ya desde aquella época como "la única vía posible". Implica la realización de reformas y la imposición de políticas "necesarias pero impopulares" de manera rápida y directa.
Al asumir el 10 de diciembre y anunciar la apertura del período de sesiones extraordinarias para "hacer laburar a la casta en el verano", el presidente apuntaba a lograr las "reformas más ambiciosas" en el camino hacia el 1 de marzo. Todas esas reformas quedaban contenidas en dos cuerpos legales: el DNU 70/23 (las que podían realizarse por esa vía) y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Planteaban, entre las dos iniciativas, la eliminación o modificación de más de 800 leyes existentes y vigentes al momento de su asunción.
Aprobada en general pero regresada a comisión por decisión del propio Javier Milei tras el rechazo de algunos incisos que consideraba clave, la Ley de Bases fue enterrada pero el Gobierno anticipa un nuevo intento con un proyecto más edulcorado que el anterior y con una nueva carta en la negociación: la promesa de un paquete de alivio fiscal a las provincias a cambio del apoyo de los gobernadores.
Con el rechazo del jueves, la expectativa queda centrada en lo que pueda suceder en la Cámara de Diputados, en la que la oposición tiene garantizados 121 votos para el rechazo pero aún necesita abrochar otros 8 para lograr el quórum que habilite la discusión. Milei desmintió ayer en un tuit que el Gobierno dé por perdido el DNU, pero el escenario de una caída del decreto en la Cámara Baja es aún realista. El presidente agregó esta semana al DNU a su lista de condiciones para celebrar el Pacto de Mayo, ya que no lo había mencionado en la invitación original durante la apertura de sesiones.
En sus primeros tres meses, los Gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri ya habían logrado cambios concretos en el ordenamiento jurídico y político del país.
El martes se cumplirán los 100 días de Gobierno y Milei llega con el riesgo de, en el corto plazo, quedarse sin ninguno de los dos cuerpos normativos vigentes. En ambas discusiones, estuvo presente el mismo argumento por parte de los opositores dialoguistas: "Estamos de acuerdo con la mayor parte del texto, tenemos diferencias en los detalles". El problema del DNU es que la legislación que los regula obliga a que se voten de manera íntegra por sí o por no, sin la posibilidad de discriminar artículos. En el caso de una Ley normal como la Ley de Bases, lo que la legislación no impone, lo impuso el propio Milei con la lógica de preferir la caída del proyecto antes que una Ley "disecada".
Desde el punto de vista argumental de cada bloque político, el Gobierno pudo haber hecho aprobar más de dos tercios de las normas que sometió a consideración legislativa si seguía el consejo de los dialoguistas: dividirlas en temáticas y mandar proyectos separados. Fue la propia ansiedad de la retórica oficialista la que condujo a esta sucesión de derrotas. "Vísteme despacio que estoy apurado", una frase que le es atribuida a Napoleón Bonaparte.
Los roles frente a una discusión legislativa están invertidos con respecto a lo que habitualmente sucede: es la oposición la que cabildea el rechazo al DNU y es el Gobierno el que resiste el embate con advertencias desde el plano discursivo. Más allá de la eventual votación, en la que el panorama es más optimista para los bloques que buscan derrotar al decreto, la verdadera complicación es la de sentar 129 diputados en el recinto para habilitar el quórum. La oposición tiene la llave y maneja los tiempos: puede exigir una sesión especial con más de 10 firmas. Hoy multiplica por 12 ese mínimo requerido.
